Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Con los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como principales imputados, el próximo 16 de febrero comenzará en Tucumán el juicio oral y público de la megacausa Jefatura de Policía, que abarca torturas y desapariciones cometidas en ese centro clandestino sobre 82 víctimas. En diálogo con Página/12, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, a cargo de la causa, reveló que en la última declaración de 2009 Bussi sostuvo que toda la responsabilidad por los crímenes cometidos fue de los funcionarios políticos que precedieron a la dictadura: apuntó al gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Será el segundo proceso que Bussi y Menéndez afrontarán en la provincia, donde ya fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del senador Guillermo Vargas Aignasse.
“Bussi declaró ante mí antes de que terminara el año”, contó el juez Bejas. Al ser citado, el dictador alegó que no estaba en condiciones físicas de declarar en el ámbito del juzgado, pero el juez resolvió de todas maneras su traslado “pero con controles médicos, para evitar que durante su testimonio sufriera algún tipo de problema, que por supuesto no los hubo”, según explicó el magistrado. “Lo que dijo Bussi ante este juzgado es que todas las responsabilidades están centradas en el gobierno constitucional de ese entonces –relató Bejas–. No reconoce ninguna imputación, sino que recibió órdenes del poder político de turno. Es más, resaltó que se manejó dentro del Estado de Derecho.”
–¿Cuál es su postura ante el enjuiciamiento de un represor como Bussi en una provincia que lo eligió por voto popular como gobernador?
–Es una obligación de la sociedad conocer lo que ha pasado y no sólo por las víctimas, sino por la construcción colectiva de la memoria. La obligación de los jueces es no sólo hablar por nuestros fallos, sino también explicarle al pueblo nuestro trabajo de la manera más simple y concreta posible.
El Tribunal Oral Penal en lo Criminal de Tucumán trabaja contrarreloj para encontrar dónde desarrollar las audiencias, ya que por la cantidad de imputados y testigos involucrados, más los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos, funcionarios provinciales y nacionales, además de los periodistas, calculan que habrá más de 400 personas por audiencia. Por lo pronto, desde el TOF comunicaron que se limitarán las acreditaciones en todos los casos para aprovechar los espacios. En principio, Radio Nacional Tucumán transmitirá en vivo todas las instancias del juicio en sus dos frecuencias, AM y FM, mientras que la televisión pública todavía no manifestó ante el tribunal qué modalidad instrumentará para la difusión del proceso.
Por otra parte, el juez Bejas aseguró que durante los próximos meses se elevarán a juicio otras causas por delitos de lesa humanidad. “Quedan todavía otros centros clandestinos de detención, como Jefatura de Policía Segundo Grupo, la escuelita de Famaillá y Nueva Baviera. En cada caso –dijo–, los imputados son casi los mismos.
Con los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como principales imputados, el próximo 16 de febrero comenzará en Tucumán el juicio oral y público de la megacausa Jefatura de Policía, que abarca torturas y desapariciones cometidas en ese centro clandestino sobre 82 víctimas. En diálogo con Página/12, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, a cargo de la causa, reveló que en la última declaración de 2009 Bussi sostuvo que toda la responsabilidad por los crímenes cometidos fue de los funcionarios políticos que precedieron a la dictadura: apuntó al gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Será el segundo proceso que Bussi y Menéndez afrontarán en la provincia, donde ya fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del senador Guillermo Vargas Aignasse.
“Bussi declaró ante mí antes de que terminara el año”, contó el juez Bejas. Al ser citado, el dictador alegó que no estaba en condiciones físicas de declarar en el ámbito del juzgado, pero el juez resolvió de todas maneras su traslado “pero con controles médicos, para evitar que durante su testimonio sufriera algún tipo de problema, que por supuesto no los hubo”, según explicó el magistrado. “Lo que dijo Bussi ante este juzgado es que todas las responsabilidades están centradas en el gobierno constitucional de ese entonces –relató Bejas–. No reconoce ninguna imputación, sino que recibió órdenes del poder político de turno. Es más, resaltó que se manejó dentro del Estado de Derecho.”
–¿Cuál es su postura ante el enjuiciamiento de un represor como Bussi en una provincia que lo eligió por voto popular como gobernador?
–Es una obligación de la sociedad conocer lo que ha pasado y no sólo por las víctimas, sino por la construcción colectiva de la memoria. La obligación de los jueces es no sólo hablar por nuestros fallos, sino también explicarle al pueblo nuestro trabajo de la manera más simple y concreta posible.
El Tribunal Oral Penal en lo Criminal de Tucumán trabaja contrarreloj para encontrar dónde desarrollar las audiencias, ya que por la cantidad de imputados y testigos involucrados, más los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos, funcionarios provinciales y nacionales, además de los periodistas, calculan que habrá más de 400 personas por audiencia. Por lo pronto, desde el TOF comunicaron que se limitarán las acreditaciones en todos los casos para aprovechar los espacios. En principio, Radio Nacional Tucumán transmitirá en vivo todas las instancias del juicio en sus dos frecuencias, AM y FM, mientras que la televisión pública todavía no manifestó ante el tribunal qué modalidad instrumentará para la difusión del proceso.
Por otra parte, el juez Bejas aseguró que durante los próximos meses se elevarán a juicio otras causas por delitos de lesa humanidad. “Quedan todavía otros centros clandestinos de detención, como Jefatura de Policía Segundo Grupo, la escuelita de Famaillá y Nueva Baviera. En cada caso –dijo–, los imputados son casi los mismos.
Nota extraída de : http://www.pagina12.com.ar
Imagen tomada de http://juicioporjefatura.blogspot.com/
COMIENZAN DOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La hora de Jefatura y Vesubio
Por Diego Martínez
Por Diego Martínez
En Tucumán, mañana empieza el proceso a Luciano Menéndez y Antonio Bussi como responsables de la Jefatura de Policía. En los tribunales de Comodoro Py, desde el miércoles serán juzgados ocho represores por crímenes cometidos en el centro clandestino Vesubio.
Dos nuevos juicios a represores comenzarán esta semana. Mañana, en Tucumán, volverán a sentarse en el banquillo los condenados Luciano Menéndez y Antonio Bussi. Esta vez serán juzgados como máximos responsables de la Jefatura de Policía, en pleno centro de San Miguel, por donde pasaron cientos de secuestrados entre 1975 y 1979. Un día después, en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF-4), que acaba de instruir el juicio por la tragedia de LAPA, comenzará a juzgar a tres militares y cinco penitenciarios, encabezados por el coronel retirado Pedro Alberto Durán Sáenz. Están acusados por ciento cincuenta casos de secuestros, torturas y homicidios en Vesubio, uno de los mayores centros de tortura del área metropolitana, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército.
Menéndez estuvo internado una semana en el Hospital Militar de Córdoba con un cuadro de neumopatía aguda, pero fue dado de alta el viernes y para hoy está previsto su traslado a Tucumán. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército suma tres condenas a prisión perpetua, incluida una en Tucumán junto a su ex subordinado Bussi, dos años atrás, por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. A diferencia de Menéndez, que purga en una cárcel las penas por sus crímenes en La Perla, el ex gobernador condenado por magistrados de su provincia goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.
Los otros cinco acusados son el general Alberto Luis Cattáneo, que era el segundo de Bussi, más el jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, y tres agentes de la provincia: Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) o Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Los dos militares, con arresto hogareño igual que Albornoz, cumplieron la mayor parte de su prisión preventiva en su hábitat natural, el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hace tres décadas gestionaban otro centro de torturas. Los hermanos De Cándido, excarcelados, enfrentan situaciones distintas. Luis integraba el SIC, actuaba en Jefatura, fue reconocido por sobrevivientes y vivió hasta 2004 en la casa de una de sus víctimas. Carlos no tendría relación directa con secuestros, pero será juzgado por encubrimiento y usurpación: también se quedó con una casa robada.
Según los querellantes, existen más de treinta represores identificados que actuaron en Jefatura, cuyas indagatorias solicitaron hace tres años y que aún no fueron citados por el juez federal Daniel Bejas. De mantenerse el actual cuadro de impunidad, el próximo juicio tucumano, por crímenes en el ex Arsenal, tendrá a los mismos imputados.
Del centenar de desaparecidos que pasaron por Jefatura, el juicio incluirá 21 casos, más el de una sobreviviente ya fallecida. Las principales audiencias serán transmitidas por el Canal 10 local, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. “La universidad no puede ni debe estar ajena a hechos de esta magnitud”, señaló el rector Juan Angel Cerisola. Durante tres meses declararán 120 testigos. Bussi & Menéndez pidieron que Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ministros de Isabel Perón en 1975, expliquen si cuando firmaron el decreto para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” quisieron decir dejarlos fuera de juego o desaparecerlos de la tierra. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que declaren Ernesto Sábado y Magdalena Ruiz Guiñazú, ex miembros de la Conadep, curiosamente en una de las pocas provincias donde una comisión bicameral investigó a fondo la represión ilegal.
Dos nuevos juicios a represores comenzarán esta semana. Mañana, en Tucumán, volverán a sentarse en el banquillo los condenados Luciano Menéndez y Antonio Bussi. Esta vez serán juzgados como máximos responsables de la Jefatura de Policía, en pleno centro de San Miguel, por donde pasaron cientos de secuestrados entre 1975 y 1979. Un día después, en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF-4), que acaba de instruir el juicio por la tragedia de LAPA, comenzará a juzgar a tres militares y cinco penitenciarios, encabezados por el coronel retirado Pedro Alberto Durán Sáenz. Están acusados por ciento cincuenta casos de secuestros, torturas y homicidios en Vesubio, uno de los mayores centros de tortura del área metropolitana, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército.
Menéndez estuvo internado una semana en el Hospital Militar de Córdoba con un cuadro de neumopatía aguda, pero fue dado de alta el viernes y para hoy está previsto su traslado a Tucumán. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército suma tres condenas a prisión perpetua, incluida una en Tucumán junto a su ex subordinado Bussi, dos años atrás, por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. A diferencia de Menéndez, que purga en una cárcel las penas por sus crímenes en La Perla, el ex gobernador condenado por magistrados de su provincia goza de arresto domiciliario en un country de Yerba Buena.
Los otros cinco acusados son el general Alberto Luis Cattáneo, que era el segundo de Bussi, más el jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, y tres agentes de la provincia: Roberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) o Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Los dos militares, con arresto hogareño igual que Albornoz, cumplieron la mayor parte de su prisión preventiva en su hábitat natural, el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde hace tres décadas gestionaban otro centro de torturas. Los hermanos De Cándido, excarcelados, enfrentan situaciones distintas. Luis integraba el SIC, actuaba en Jefatura, fue reconocido por sobrevivientes y vivió hasta 2004 en la casa de una de sus víctimas. Carlos no tendría relación directa con secuestros, pero será juzgado por encubrimiento y usurpación: también se quedó con una casa robada.
Según los querellantes, existen más de treinta represores identificados que actuaron en Jefatura, cuyas indagatorias solicitaron hace tres años y que aún no fueron citados por el juez federal Daniel Bejas. De mantenerse el actual cuadro de impunidad, el próximo juicio tucumano, por crímenes en el ex Arsenal, tendrá a los mismos imputados.
Del centenar de desaparecidos que pasaron por Jefatura, el juicio incluirá 21 casos, más el de una sobreviviente ya fallecida. Las principales audiencias serán transmitidas por el Canal 10 local, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán. “La universidad no puede ni debe estar ajena a hechos de esta magnitud”, señaló el rector Juan Angel Cerisola. Durante tres meses declararán 120 testigos. Bussi & Menéndez pidieron que Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ministros de Isabel Perón en 1975, expliquen si cuando firmaron el decreto para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” quisieron decir dejarlos fuera de juego o desaparecerlos de la tierra. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que declaren Ernesto Sábado y Magdalena Ruiz Guiñazú, ex miembros de la Conadep, curiosamente en una de las pocas provincias donde una comisión bicameral investigó a fondo la represión ilegal.
Desde la dictadura
Vesubio funcionó como centro de torturas desde agosto de 1975 en un predio del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura. Funcionó en jurisdicción del Primer Cuerpo hasta octubre de 1978. La mayor parte de los secuestrados fueron luego desaparecidos, entre ellos el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyser. Otros fueron acribillados en enfrentamientos fraguados, y unos pocos sobrevivieron luego de pasar por otros campos de concentración.
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